El legislador español ha optado por la fórmula del Reglamento, a través del R.D. 178/2003, para la trasposición de ciertas libertades comunitarias, amparándose en la libertad que el propio Derecho Comunitario otorga a los Estados para decidir qué instrumento jurídico utilizar. Para realizar esta trasposición no se han tenido en consideración las reservas de Ley y Ley Orgánica que nuestra Constitución exige en materia de desarrollo de derechos fundamentales, lo que conlleva a cuestionarnos la constitucionalidad del mencionado Real Derecho, toda vez que la L.O. 4/2000 excluye de su ámbito de aplicación a los ciudadanos comunitarios y a los que sea de aplicación el régimen comunitario.
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